La prohibición estadounidense del diésel no llegó, pero mostró que Chile es el país sudamericano con menos margen para enfrentarla

Lo que se discutió en Washington

El 22 de septiembre, en la Asamblea General de la ONU, el presidente estadounidense Donald Trump defendió dejar de vender diésel al exterior. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo ese mismo día que el gobierno evaluaba si una prohibición total o parcial sería viable.

Al día siguiente, según un reportaje estadounidense reproducido por las agencias, la Casa Blanca preparaba una prohibición de 90 días. El objetivo declarado era bajar el precio interno, que había llegado a 6,52 dólares por galón, antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre. La industria petrolera se opuso, y parte del propio gobierno también: el secretario de Energía prefería una reducción voluntaria de las exportaciones por parte de las refinerías.

El 2 de octubre, los países del G7 acordaron liberar 100 millones de barriles de petróleo y diésel de las reservas en cuatro meses, y se comprometieron a no restringir exportaciones de energía entre sí. Ese mismo día, Trump dijo que no aplicaría la prohibición. Según otra agencia, dijo también que nunca estuvo en discusión, lo que contradice lo que él mismo afirmó en las dos semanas anteriores.

No hubo orden ejecutiva ni texto oficial. La prohibición nunca existió. Lo que existió fueron diez días en que se la trató como probable.

Por qué Chile

Estados Unidos es el mayor exportador de diésel del mundo y responde por cerca de una quinta parte de todo el diésel transportado por mar. En América Latina, quien más compra en volumen es México. Pero, en proporción a lo que consume, Chile está entre los más expuestos de la región.

Según el banco central chileno, el país importó más de 4.000 millones de dólares en diésel en 2026, de los cuales más de 3.800 millones vinieron de Estados Unidos. Un estudio del Instituto de Finanzas Internacionales registra 119,3 mil barriles por día de diésel estadounidense en el primer semestre, el segundo mayor volumen de América Latina. La misma fuente estima que cerca de dos tercios del diésel que se consume en Chile es estadounidense. Un banco de inversión habla de más de la mitad.

El diésel, en Chile, no es un combustible cualquiera. Los camiones transportan el 96% de las mercancías del país, según la entidad que reúne a los dueños de camiones. Y la minería del cobre, que explica buena parte del 34,9% que las commodities representan en el comercio chileno, depende de él para operar máquinas y mover mineral.

El colchón que ya no existe

Chile tenía un amortiguador para este tipo de golpe: el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles, conocido por la sigla MEPCO, que suaviza el traspaso de las oscilaciones internacionales al surtidor.

En marzo, al inicio del gobierno de José Antonio Kast, ese mecanismo fue modificado por el costo que representaba para el Estado. El efecto inmediato fue un alza de 62% en el diésel y de 32% en la gasolina, la segunda mayor de la historia del país.

Desde entonces, el precio internacional siguió subiendo, impulsado por las guerras con Irán y entre Rusia y Ucrania. El margen de refinación del diésel llegó a cerca de 100 dólares por barril, cuatro veces el nivel habitual. El 1 de octubre, la petrolera estatal chilena aplicó la cuarta alza consecutiva: el diésel acumula 0,31 dólares más por litro desde fines de julio.

Con el amortiguador reducido, el golpe llega al precio final. Por eso la amenaza estadounidense asustó más en Chile que en países que todavía subsidian el combustible.

Lo que piden los transportistas

Los dueños de camiones no pidieron subsidio. El 30 de septiembre, tras reuniones con los ministerios de Hacienda y de Economía, abrieron una negociación sobre dos asuntos: un recargo por combustible previsto en la ley, que traspasaría la variación del diésel a quien contrata el flete, y la revisión de los parámetros del mecanismo de estabilización.

El presidente Kast, por su parte, dijo que una prohibición estadounidense sería "una mala noticia para el mundo entero" y que el gobierno ya pensaba en medidas paliativas focalizadas en los más vulnerables, como al inicio de la guerra.

El retroceso no protege a Chile

Aquí está el punto que la cobertura del retroceso dejó en segundo plano.

El compromiso del 2 de octubre de no restringir exportaciones de energía fue asumido entre los países del G7. Chile no es miembro. Una lectura de la prensa mexicana entendió que la promesa estadounidense vale solo para ese grupo; las declaraciones del presidente estadounidense no trazan ese límite de forma explícita, pero tampoco lo descartan.

Al mismo tiempo, las causas de la presión continúan. La Agencia Internacional de Energía advirtió el 14 de octubre que la escasez de diésel puede durar hasta bien entrado 2027. Y el motivo político de la prohibición, el precio del combustible en Estados Unidos en vísperas de una elección, no desaparece el 3 de noviembre, solo cambia de calendario.

Lectura

Chile no sufrió la prohibición. Sufrió, y sigue sufriendo, el alza que la motivó. La diferencia entre ambas es que el alza es visible y gradual, y la prohibición habría sido súbita.

El episodio mostró que el país depende de un único proveedor para la mayor parte de un insumo del que depende casi todo su transporte, y que ya renunció a parte de la protección pública contra el precio. Mientras esas dos cosas sean verdad, el próximo anuncio en Washington llega a Chile con el mismo peso.